La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó hoy que se presentó como querellante en la causa que se sigue en la justicia federal de la provincia de Río Negro por la represión ilegal a trabajadores de la empresa estatal Hierro Patagónico Sociedad Anónima Minera (Hipasam), perpetrada por fuerzas de seguridad y armadas en noviembre de 1975.
El pedido busca impulsar la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 70 trabajadores de Hipasam que realizaban una huelga en reclamo de mejores condiciones laborales a fines de 1975, informó oficialmente la cartera encabezada por Horacio Pietragalla Corti.
El 8 de octubre de 1975 los trabajadores de la empresa estatal, ubicada en la localidad rionegrina de Sierra Grande, iniciaron una huelga por mejores condiciones laborales y aumentos salariales que tuvo un gran respaldo social y político.
La Secretaría recordó que los reclamos adquirieron “una gran importancia a nivel nacional” en tanto “buscaban la participación obrera en algunas áreas y ponían en cuestión la toma de decisiones monopolizadas por la Dirección de Fabricaciones Militares”.
El 18 de noviembre de ese año el V Cuerpo del Ejército encabezó un operativo represivo junto a policías federales y provinciales con el “objetivo de eliminar lo que consideraban un ‘foco subversivo'” en Sierra Grande.
El operativo constó de allanamientos y detenciones ilegales, apremios, torturas y dio origen a privaciones de la libertad y la desaparición forzada de Julio Cesar Galizzi y Ricardo Del Rio.
El total de víctimas supera las 70 personas, en tanto que muchos de los detenidos fueron puestos a disposición del Poder Ejecutivo, otros fueron trasladados a los penales de las ciudades patagónicas de Rawson y Viedma.
La Secretaría de Derechos Humanos refirió además que con posterioridad “muchos de los trabajadores fueron despedidos y hasta obligados a exiliarse de la ciudad y las delegaciones sindicales fueron intervenidas”.
Mediante la presentación judicial, la Secretaría busca impulsar la investigación penal que comenzó hace varios años y que se cite a declaración indagatoria “de forma urgente” a los responsables individualizados hasta el momento, explicaron.
Entre los imputados se encuentran varios expolicías provinciales ya condenados por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar.
Entre ellos, los exagentes Rubén Alcides Codina y Manuel Víctor Lobos, quienes prestaban funciones en la comisaría de Sierra Grande, y Antonio Vicente Forchetti, excomisario de la Policía Federal de Viedma con funciones en la localidad de Sierra Grande en aquel entonces.
Asimismo, el escrito señaló la responsabilidad del exjuez Eduardo Cassano, quien conociendo la detención ilegal de las personas en huelga de Hipasam, “no adoptó ninguna actitud frente a la continua ejecución de los delitos que se cometieron”.