El fiscal general de Bahía Blanca presentó un recurso de casación contra la sentencia que el mes pasado absolvió a un fiscal federal que llegó a juicio como sospechoso de haber encubierto y participado en el tráfico de estupefacientes de una banda narco, que presuntamente integraba un familiar suyo, informaron hoy fuentes judiciales.
El fiscal general bahiense Gabriel González Da Silva solicitó la nulidad del fallo dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de ese departamento judicial que el 14 de junio pasado absolvió a Alejandro Salvador Cantaro (65) de los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado”.
De acuerdo a lo informado por la Procuración General de la Nación en su sitio web (www.fiscales.gov.ar), González Da Silva pidió que el caso se resuelva directamente en esa instancia, ya que “la sustanciación de un nuevo juicio no tendría razón de ser, en virtud de que la prueba desarrollada fue planteada de forma válida y alcanza para dictar una sentencia contraria a lo que se decidió”.
Según el recurso de casación presentado por el fiscal, luego de analizar la prueba presentada durante el juicio oral, Cantaro, en su calidad de funcionario público, llevó adelante distintas maniobras para alertar a los miembros de una banda narcocriminal.
“Esto último con el objeto de que eludieran el accionar de la justicia, no fueran descubiertos en sus quehaceres delictivos vinculados con el tráfico de estupefacientes y pudiesen continuar con sus maniobras, entre ellas seguir suministrándole a él estupefacientes para su consumo personal”, señaló González Da Silva.
En ese sentido añadió que “la sumatoria de los eventos y medidas reunidas no dejaron margen de duda que fue una participación primaria sobre la comercialización de los ‘Narcochetos 2`”.
“Su colaboración no necesariamente debe pensarse como un vendedor activo de estupefacientes. Su rol dentro de la organización estaba asociada a su condición de funcionario público y a la información que le proveían, precisamente, por ese carácter ¿por qué lo hizo? ¿a cambio de qué? De la provisión de estupefacientes”, indicó.
“Entonces, si bien se modificó el encuadre legal, los hechos de ningún modo se vieron alterados. Lo reprochado en el alegato acusatorio es que, merced a su conocimiento, silencio e intervención (aportándoles información), ayudó a que los imputados pudieron evitar que no se agudizara la situación procesal”, continuó.
Para el fiscal general, “la merma y recaudos en las comunicaciones telefónicas, así como los hallazgos exiguos en los allanamientos (…) impidieron una investigación más profusa o nuevas líneas de investigación”.
Es que el TOF, integrado por los jueces Ernesto Sebastián, Simón Bracco y Alejandro Silva, argumentó que “por unanimidad se declaró la nulidad de la acusación fiscal por haber violado el principio de congruencia procesal y en consecuencia el derecho de defensa en juicio”.
Por este motivo, el TOF absolvió al fiscal Cantaro “en orden a los hechos calificados por el Ministerio Público Fiscal (MPF) constitutivos del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado por haber asistido a Facundo Teixido y a Sebastián Gauna San Millán a eludir la investigación de un delito especialmente grave siendo funcionario público en calidad de autor material penalmente responsable”.
Durante los alegatos, la defensa de Cantaro, integrada por Juan Pablo Alonso y Andrés Bouzat, había pedido ante los jueces la nulidad de la acusación del fiscal de juicio “por violación al principio de congruencia” y que “se lo absuelva”.
Por su parte, el fiscal de juicio, González Da Silva, había solicitado una pena de 7 años de prisión como partícipe necesario penalmente responsable del “delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercialización, agravada por su condición de funcionario público encargado de la prevención o persecución de los delitos previstos en la ley 23.737 de estupefacientes”.
En ese contexto, el fiscal pidió también “la inhabilitación absoluta y de manera complementaria inhabilitación especial de 10 años para ejercer cualquier tipo de cargo o función pública”.
A Cantaro, quien actualmente se encuentra de licencia, el MPF lo había acusado de haber ayudado a su sobrino Gauna San Millán y a otras personas a eludir investigaciones realizadas entre el 22 de marzo de 2017 y el 14 de abril de 2018.
Según los voceros, Cantaro fue mencionado en distintas escuchas telefónicas en las que hubo conversaciones con al menos dos personas, entre ellas, su sobrino.
Se trata del caso denominado “Drogas Sintéticas II” en el que se secuestraron más de un centenar de dosis de cocaína compactada, 1.500 semillas y cinco plantas de marihuana, entre otros elementos.
En dicha causa ya fueron condenadas siete personas a penas de entre 4 años y 4 años y 8 meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercio.